Por Jorge Raventos
El gobierno de Alberto Fernández soporta en las últimas semanas las consecuencias paradójicas de su éxito sanitario: el número de muertos por coronavirus y el promedio de víctimas y de infectados por número de habitantes de Argentina es ínfimo comparado con las cifras de Brasil, de los Estados Unidos, de Francia o de Chile (por citar sólo algunos ejemplos). Mientras en Estados Unidos están muriendo alrededor de 2.000 personas por día a causa del virus, y Brasil ronda los 500 muertos diarios (en ascenso), en Argentina el promedio diario de bajas es inferior a 10.
Las estimaciones iniciales y los modelos matemáticos de los infectólogos argentinos ubicaban a fines de abril y principios de mayo el temido ascenso de la curva de contaminación (que estaría acompañado, claro está, por un creciente estrés sobre las estructuras sanitarias y un incremento de las víctimas fatales). Pero terminamos abril e iniciamos mayo con la curva aplanada: un éxito de la estrategia de aislamiento administrado que dispuso el gobierno y la sociedad acompañó responsable y disciplinadamente.
El precio de ese notable logro es principal pero no exclusivamente económico. La actividad productiva y comercial está -salvo en algunos pocos rubros- paralizada, Con empresas que no facturan, las cadenas de pagos están naturalmente averiadas; los ingresos de los trabajadores, resentidos y demorados; la economía subsiste precariamente gracias al respirador artificial que proporciona temporariamente el Estado que, a su vez, está exhausto, limitado en sus recursos por la misma parálisis que quiere remediar (que encoge su recaudación impositiva) y en medio de una crucial discusión sobre la deuda que pesa sobre el país y lo priva del financiamiento del mercado.
La estrategia sanitaria exitosa parece invitar a la continuidad: si la cuarentena ha conseguido achatar la curva, ¿no sería riesgoso apartarse de esa disciplina? El Presidente, sin embargo, tiene claro que hay que correr algunos riesgos y, “en su medida y armoniosamente”, como aconsejaba Perón, hay que poner en movimiento la economía y las actividades del país, porque la salud y la vida no pueden ser sinónimos de un “perpetuum inmobile”. La sintonía fina exige continuidad y cambio: hay que ir modulando la flexibilidad bajo el paraguas de la cuarentena, que se prolongará (por ahora, sin término, ya que la peste no permite certezas aún) pero irá variando en distintas fases, ampliando posibilidades o, eventualmente, recortándolas, total o localmente, si hubiera rebrotes agudos del mal. Allí donde se pueda, hay que empezar a flexibilizar el encierro, más allá de la economía. Por ejemplo: liberando a la sociedad confinada para que, al menos, pasee un rato cerca de su domicilio.
Que el Presidente haya ampliado ese marco en general dio lugar a un hecho muy significativo: los gobernadores de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fé y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires firmaron un documento conjunto aclarando que en sus jurisdicciones no se aplicaría por el momento esa apertura a los paseos.
Algunos analistas vieron en esa declaración un cortocircuito entre los grandes distritos y el Ejecutivo nacional, aunque siempre estuvo claro que los gobiernos locales son la autoridad de aplicación de las políticas generales y tienen la atribución de definir detalles de aplicación. Ese análisis, quizás porque se centraba en la búsqueda de grietas (así fuera conjeturales), omitió la coincidencia entre Horacio Rodríguez Larreta, Axel Kicillof, Omar Perotti y Juan Schiaretti que ejemplificaba lo contrario: la tendencia de políticos de distintos matices a unirse sin prejuicios para expresar posiciones comunes.
El “peor momento” y el miedo al fin de la grieta
La morigeración de la grieta es otro de los logros políticos de esta crítica etapa que afronta el país (en rigor: el planeta). Esa tendencia se ha evidenciado con hechos y con gestos: la presencia de Rodríguez Larreta en conferencias de prensa presidenciales o en la presentación de la oferta argentina a los acreedores internacionales, las conversaciones del intendente de Vicente López, Jorge Macri, con el Presidente o las coincidencias habituales entre intendentes peronistas y sus colegas de Cambiemos en el ámbito del Gran Buenos Aires son ejemplos. El ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ha resumido en estos días esa atmósfera cooperativa: “es el momento de la unidad nacional, sin mezquindades de ningún tipo. Es el tiempo de acompañar y buscar una salida como país, de dar los debates que teníamos pendientes, es la oportunidad de la Argentina de superar la grieta”.
Como expresiones ejecutivas de esa actitud, Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta reciben a través de las encuestas el respaldo de la sociedad: son los dos políticos de mejor imagen en la actualidad, mientras las figuras a las que la opinión pública ubica simbólicamente como extremos opuestos de la intransigencia -Cristina Kirchner y Mauricio Macri- aparecen con cifras marcadamente menores.
Está claro que la búsqueda de convergencias no es unánime. El gobierno cuenta con sectores que desconfían de la proximidad con opositores. Y en la oposición hay “núcleos duros” que resisten posturas como las de Rodríguez Larreta, Monzó, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal o el ex ministro de Interior, Rogelio Frigerio.
La actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich -impulsada en su momento por Mauricio Macri- es una de las columnas del antagonismo severo con el gobierno. Una de sus alfiles, la belicosa asesora Florencia Arietto, salió esta semana a decir que al jefe de gobierno porteño “le falta convicción” para oponerse al gobierno y “se aleja” de quienes lo votaron. Es un juicio aventurado, porque en rigor, a Rodríguez Larreta efectivamente lo votaron (a Arietto no), y además, las encuestas indican lo contrario de lo que afirmó la asesora de la doctora Bullrich: mantiene un respaldo muy amplio en su distrito. No se podría decir seriamente que este sea “el peor momento” de Rodríguez Larreta. Ni de Fernández.
Es probable que sea justamente esa circunstancia -el respaldo que obtienen los que, sin abjurar de sus propias convicciones, trabajan por una convergencia realista y una disolución de la grieta- lo que empuja a incrementar la irritación de los intransigentes.
Hay, en efecto, un sector del electorado de Cambiemos (algo menos de un 20 por ciento, permiten interpretar las encuestas) que considera que colaborar con el gobierno (así sea por inducción de la pandemia) es colaborar con algo así como la gestación de una tiranía. Otros sectores temen por sus bienes o, en general, por sus intereses, que consideran en riesgo ante un gobierno fortalecido por su gestión ante la pandemia. Incidentalmente, una senadora bonaerense de Cambiemos, Felicitas Beccar Varela, resumió en un mensaje vía whatsapp la inquietud de esos sectores: ““O nos levantamos rápido y nos despertamos o estos nos llevan puestos y terminamos en serio, bajo la excusa del coronavirus, como Venezuela, no es joda lo que está pasando”.
La confusión creada alrededor de la situación de las cárceles en las condiciones de la pandemia y la reacción social ante los fallos irresponsables de algunos jueces tentó, probablemente, a aquellos sectores irritados. Conviene examinar los hechos con mayor prolijidad.
Las cárceles y la pandemia
No sólo en la Argentina, sino en la mayor parte del mundo la situación de las cárceles ha sido considerada un foco peligrosísimo de contagio ante la epidemia de Covid 19. Ese foco no sólo expone a los detenidos, sino también a todos los que prestan servicios en los institutos penales que, al volver a sus domicilios se pueden convertir en agentes de extensión de la epidemia en sus familias y en sus barrios y ciudades.
El 25 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los gobiernos que tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas. ““El COVID-19 ha empezado a propagarse en las prisiones, las cárceles y los centros de detención de migrantes, así como en hospicios y hospitales psiquiátricos -escribio Bachelet- , y existe el riesgo de que arrase con las personas recluidas en esas instituciones, que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad (…)Es esencial que en los planes para afrontar la crisis los gobiernos aborden la situación de las personas reclusas, a fin de protegerlas y proteger también al personal de los centros, los visitantes y, por supuesto, al conjunto de la sociedad”,
Ante ese llamado de atención de la funcionaria de la ONU, muchos países empezaron a tomar medidas en relación con sus poblaciones carcelarias, apelando a derivación a prisiones domiciliarias, anticipación de cumplimientos o lisa y llanamente liberación de detenidos. Así, Brasil liberó 30.000 presos. En Colombia, el presidenteliberal Iván Duque, firmó un decreto que dejó en libertad transitoria y domiciliaria más de 4.000 presos. En Estados Unidos (el país de mayor población carcelaria) las medidas fueron amplísimas. Sólo en la prisión neoyorkina Rikers Island fueron liberados 900 detenidos. En el estado se dictaron 110 prisiones domicilarias. California conmutó penas o transformó en domiciliarias las prisiones de 3.500 penados. En Michigan y Colorado, los gobernadores firmaron órdenes que permitieron la liberación anticipada de presos vulnerables. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, ordenó al departamento de correcciones que compilara una lista de reclusos elegibles para conmutación de sentencias. Por una orden del procurador fiscal William Barr se dispuso la salida de las prisiones de unos 10.000 detenidos mayores de 60 años.
En Francia han sido excarcelados en distintas condiciones más de 10.000 detenidos y una cifra análoga se registra en el Reino Unido. Más de 50.000 en Turquía, más de 12.000 en Afghanistán. Etcétera.
En Argentina, a mediados de abril la Cámara de Casación Penal dictó una acordada destinada a actuar en consonancia con las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a la población de las cárceles. Allí aconsejó que se adoptasen “medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder” sólo para casos de “prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos (…) o que no representen un riesgo procesal significativo”. Así como para cuando hayan vencido los plazos de prisión preventiva establecidos por la ley. Y para las “personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la condena”; para aquellos sentenciados a penas de hasta 3 años de prisión y para quienes estén “en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional”.
Se trató de un fallo perfectamente enmarcado en las recomendaciones internacionales y en el sentido común. Lo que provocó la indignación social no fue el fallo de Casación, sino la actitud irresponsable de algunos jueces bonaerenses, que facilitaron la excarcelación de delincuentes penados por delitos graves, ajenos al marco descriptivo expuesto por el fallo de casación y, en general, sin siquiera haber examinado las motivaciones de riesgo sanitario alegadas para solicitar el cambio de situación penal. Además, en muchos casos sin haber cumplido con el protocolo normativo de comunicar a las víctimas de sus delitos pasados aquel cambio de situación.
Fueron esos fallos al voleo los que motorizaron la protesta con cacerolas del último jueves, que el sector duro de la oposición quiso canalizar contra el gobierno de Alberto Fernández.
Pandemia e infodemia
Hay que admitir que un cierto número de colegas aportó confusión desinformativa al utilizar indistantamente las palabras “liberación de presos” como sinónimo del “pase a prisión domiciliaria” y al aceptar sin correcciones ni aclaraciones imputaciones de algunos voceros opositores (caso Laura Alonso o la propia Bullrich) que adjudicaban al gobierno la “estrategia” de una “suelta de presos”. El gobierno tuvo que salir a desmentir la especie (en cuyo caso, esos analistas lo adjudicaron a un “recule” oficial debido a que “el gobierno maneja encuestas y se ha dado cuenta de que su plan es impopular”).
La comentarista de un diario escribió,por caso, este párrafo, ejemplo de empastelamiento ideológico: “Marcela Losardo, la ministra de Justicia, negó que se estén liberando asesinos o abusadores. Sin embargo, hubo varios casos de asesinos y acusados de abusos sexuales que en los últimos días volvieron a sus domicilios para cumplir allí sus penas”. “Negó que estén liberando”, dice el texto, dando por sentado que es el gobierno el que decide esas cosas. Cuando se trata de los jueces. “Sin embargo” inserta la colega, y con esa frase induce a pensar que la ministra mintió, aunque ella misma se encarga a continuación de confirmar a la funcionaria: esos personajes no están en libertado sino que cumplen sus penas en sus domicilios.
Que coincidentemente un cierto número de cronistas o analistas informaran sobre estos hechos mirando con el mismo cristal y usando una caja de herramientas argumentales del mismo tipo no debería sugerir que haya una conspiración contra el gobierno. Quizás sí que la preocupación por el cierre de la grieta que sienten ciertos sectores y el miedo expresado por la senadora (provincial) Beccar Varela (“““O nos levantamos rápido y nos despertamos o estos nos llevan puestos y terminamos en serio, bajo la excusa del coronavirus, como Venezuela”) son compartidos por algunos periodistas, que también son ciudadanos, y tienen derechos e intereses.
Como se ve, pese a la pandemia y la cuarentena, la Argentina está en movimiento.